En la Vocacional ya empezó el operativo médico organizado por el Ministerio sin Muros de IBI (Iglesia Bautista Internacional). Es un sábado de febrero. Una pizarra a la entrada de la dirección anunciaba hace unos días la fecha y el destinatario de la jornada: “Internos de esta escuela con problemas de salud”. Están en lista 87 hombres con necesidades reales. Al frente del operativo está Enrique Crespo, director de Misiones de IBI, y seis médicos: tres generales, un oftalmólogo y una odontóloga, todos integrantes de la iglesia. La misión de hoy, dice Crespo, “mostrarles el amor de Dios, predicando el Evangelio y llevando también sanidad al cuerpo”.
Misiones como ésta se realizan una o dos veces por año, coordinados con la autoridad del penal. En la sala de informática habilitada para las consultas, la doctora Sharmine Disla, especialista en traumatología, dice que en tres horas de trabajo ha visto “mucha necesidad”. La mayoría llega por problemas tópicos debido seguramente al agua, respiratorios (con mayor incidencia en los internos dedicados a la ebanistería) y de riñones. Disla dice que los internos deberían ser llevados a un hospital una vez por semana, y que la mayoría requiere ser auscultado por un especialista. Por lo menos óagregaó debiera haber en el penal: un neumólogo, un cardiólogo, un urólogo, un traumatólogo, un nefrólogo y un endocrinólogo.
A Miguel Minaya, a quien atiende ahora, le da algo de Profired para los riñones (ha tenido sangrado hace unas semanas); Terbix para que se trate un hongo en el pie y antialérgicos para la sinusitis. “Complejo B y desparasitantes se lo estamos dando a todos”, afirma la voluntaria de la IBI.
El “colaborador” del área de salud, lista en mano, dice que del 1 de enero al 15 de noviembre del 2015 se hicieron 13,405 consultas en La Victoria: 1,500 atendidos por tuberculosis: baciloscopías (pruebas); entre 50 y 60 pacientes semanales en consultas psicológicas, un promedio de entre 60 y 70 pacientes atendidos cada semana. También se logró que vengan al penal 10 médicos y 5 enfermeras pasantes (de estas últimas hay tres fijas) y un Plan Médico Integral iniciado en agosto del 2014 consiguió lo que no se hacía hasta entonces: la elaboración y registro de récords médicos.
Además, se reorganizó el equipo de apoyo en el área de salud y ahora en cada área hay un interno encargado y se logró el mantenimiento de consultas con médicos especialistas (urólogo, dermatólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, neurólogo, psicólogo). “Sacar a tiempo a pacientes que deben ir a hospitales, antes era un caos; ahora se atiende 24/7”, dice Minaya, que destaca además la disponibilidad de una ambulancia, de más custodios, referimientos médicos que antes duraban hasta un mes y consultas fijas gratuitas todas las mañanas, igual que, si hay, la entrega de medicamentos.
Este mes, en el “área médica”, están en reclusión 54 portadores de TBC en tratamiento. También hay 18 enfermos mentales. Son 118 en total, incluyendo a heridos y portadores de VIH. En tiempos del cólera hubo más de cien enfermos en el patio y en los pasillos, donde se sentaban en cubetas para defecar; nada más tomaban agua (cuatro más morirán en marzo de este año por la misma enfermedad).
“Las condiciones que uno puede tener no son cien por ciento óptimas, pero se hace lo que se puede”, dice el doctor Francisco Zarzuela Nova, 55 años, médico general condenado a 8 años por mala práctica. El galeno ha cumplido dos y siete meses y desde que llegó colabora con el penal luego de que, conocido de un coronel, habló con la encargada y logró que le hicieran un lugar. “Hoy yo me he ganado el puesto”, dice el único doctor, con 25 años de experiencia afuera, que atiende en el área médica todos los días.
De hecho vive aquí; duerme en el mismo lugar que el “representante” del área. Su horario va de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y a veces más tarde. Zarzuela dice que la medicina general es la de mayor demanda y que la mayoría de asistencias tienen que ver con pacientes que hacen crisis asmáticas. Los heridos reciben atención inmediata y luego son transferidos a los hospitales.
Una de las situaciones más difíciles que le tocó al doctor fue el motín de octubre del año pasado, cuando hubo un muerto y varios heridos. Uno de ellos, el que finalmente murió, “tenía una bomba lacrimógena metida en un costado”. En otros casos, ha atendido luxaciones de hombros, heridas en el cuello (cortadas muy comunes) pero ningún muerto visto en todo su haber, salvo el que trajeron del “Patio”, asesinado; uno que tenía VIH, y a los que murieron (cuatro o cinco) fuera del penal, durante la crisis del cólera pese a toda la atención que pudo darles dentro. “He tratado de demostrar lo que yo sé, y respetar a los demás. No le he fallado a nadie”, asegura Zarzuela.
Grace Butter, administradora de empresas de profesión, trabaja en la fundación Génesis, que se ocupa sólo de VIH y TBC en La Victoria, “problemas con los que nadie quiere trabajar”. Están desde el 2001 en coordinación con la fundación Health Through Walls, fundada por John May en Florida, en 1983, y lograron que se instalara la unidad de salud.
“En La Victoria está todo el mundo mezcladoÖ Algunos llegan sanos y se van enfermos”, dice Butter. Lo organización aportó una hoja de registro que ahora usa el Ministerio de Salud con algunas variantes (hicieron un estudio con 100 internos, con ocho preguntas básicas). Génesis trabaja esencialmente en “gerencia de salud” y con 25 promotores de salud, 15 de los cuales reciben entrenamiento. La voluntaria asegura que la necesidad actual es el trabajo con los transexuales, uno de los tres grupos focales de mayor preocupación junto con los haitianos y la pobreza extrema. “A la cárcel se le da un privilegio que otros no tienen (con respecto a la analítica de casos)”, dice Butter, pero sólo porque el dentista aún se niega a intervenir si no se confirma el estado del paciente.
Génesis tiene 1,157 portadores “activos” de VIH; el grueso de los afectados son heterosexuales. El mes pasado se “testearon” a 57 internos y dos dieron positivo. Entre enero y julio del 2015 hubo 1,430 testeos: 33 dieron positivo. La experta, que advierte que hay mucha sífilis en el penal, dice que los hijos de los internos no deberían entrar por todas las enfermedades que hay, y que también debería prohibirse el ingreso de productos comestibles crudos.
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Hace seis años, en un día de aguacero, Roberto Antonio Jiménez le hizo notar al alcaide de entonces, Nicolás Fortunato, el gran charco que se formaba en un lugar, y la necesidad de solucionar el asunto, posiblemente provocado por la capacidad del desagüe. El asunto fue solucionado en una semana y llevó a Jiménez, de 45 años, condenado a 20 años por homicidio, de los cuales ya cumplió siete, a enfocarse en cómo mejorar la salud ambiental de los ocho mil internos de La Victoria.
“El problema básico es que quedaba basura en la calle (los pasillos de la cárcel). Al principio hubo rechazo hasta oficial”, recuerda ahora el ex profesor de literatura e inglés en la Vocacional; afuera llegó a ser dirigente del PLD, militante en Estados Unidos, que luego se incorporó al proyecto del presidente Danilo Medina, a quien una vez le entregó una propuesta energética para ser aplicado en el país.
“Yo estoy aquí buscando mi redención”, dice Jiménez, que hace mucho tuvo problemas con un coronel por su proyecto, cuando empezó a ser visto como un personaje incómodo que estaba amenazando los intereses de grupos dedicados al contrabando que lo hacían a través de los camiones de basura. “Cuando empezamos no fuimos bienvenidos, rompimos ese esquema de corrupción”, dice Jiménez. “En la basura se entraba todo”.
El programa de salud ambiental de La Victoria se basa en un informe que “Anthony”, como se le conoce en el penal, presentó a las autoridades. Se llama oficialmente Programa de Gestión Ambiental y Reciclaje Penitenciario (cada mes debe presentar un informe a Prisiones) y se institucionalizó el 15 de agosto del 2011, aunque Jiménez trabajaba en la idea desde el 2010, después de algunos meses asimilando el internamiento. En el programa, único en todo el país y de los pocos, si es que hay, en América Latina, participan 25 personas.
Oficialmente, más de cien personas están involucradas directamente en la limpieza del penal (a los diez recolectores de basura se les da un incentivo). En las celdas, la limpieza se hace cada día, dos y hasta tres veces, dependiendo de sus ocupantes. El sábado es día de limpieza general. Muchos pagan a otros internos entre 500 y 700 pesos para que hagan la limpieza (por litera pagan hasta 150 pesos), les llaman “síndicos”.
En la Penitenciaría Nacional de La Victoria se recogen 20 toneladas de basura al día en promedio. En días de visita aumenta un poco más (un tercio aproximadamente) y dependiendo de la fecha. En diciembre se produce más cantidad, hasta 30 toneladas, porque viene el doble de gente. “Este diciembre se rompieron todos los récords. Y cuando hay problemas, se quiebra la parte más débil de la cadena: se para la recolección de basura”, apunta Jiménez.
La gente de la iglesia barre los patios y el equipo de reciclaje la recoge. Cada camioncito se lleva 2 toneladas. Cada día salen 5. De los “Galpones” 4. En la tarde también. El equipo divide los plásticos según su denominación: galones plásticos No. 2, plástico duro No. 5, botellas PET No. 1, que son las que más se recogen, la de los refrescos.
El equipo sólo puede reciclar el 30% de la capacidad de lo que se podría reciclar. El tiempo para el trabajo es limitado; “si el camión (que es del Ayuntamiento) llega tarde nos afecta a todos”, afirma Jiménez.
La recolección se produce mañana y tarde. Hoy se recoge lo que no entró ayer en el contenedor. Afuera del penal está el “Transfer”, el lugar donde se reúnen los desperdicios para que se los lleve el camión y donde el programa piensa construir una nueva estación mucho más moderna.
La iniciativa fue ideada hace un año, en base a la necesidad de La Victoria. El “Transfer” actual es pequeño y cuando hay días pico no da abasto. El nuevo “Transfer” estará herméticamente sellado e incluye un incinerador para el desecho biomédico. Sólo en material el proyecto demanda una inversión de 300 mil pesos, y cuentan con el apoyo de las autoridades, además de la mano de obra gratuita de los propios internos; y se solucionarán algunos problemas del penal, como la presencia de basura en sus instalaciones.
El programa también trabaja con la Fundación Atabey en un proyecto de plantas medicinales, apoya a la comunidad de Ferregú, en coordinación con la Fundación de Desarrollo Comunal del Río Dajao (Fudecoda), en el mismo poblado replicando sus éxitos en algunos niveles en ese lugar (este mes un equipo salió de La Victoria para una jornada de fumigación en un hecho inédito además) y contempla levantar un vivero en los “Galpones” ya que hasta ahora solo hay uno, en el ala centro-norte de la Fortaleza.
Hay otro proyecto de cloración para mejorar la calidad de agua a través de una planta de tratamiento que funciona en teoría, pero que no ha sido probado (y en el que Prisiones y la Procuraduría invirtieron un buen dinero). El agua actualmente es tratada; llega de un pozo y del sistema de abastecimiento. La idea es que se pueda distribuir el agua mejor tratada a la población que tiene menos capacidad; para internos que no pueden pagar botellones y para la cocina y el comedor. La gran mayoría de la prisión bebe agua de la llave.
En el penal, el grupo de salud ambiental realiza labores de fumigación en coordinación con el Ministerio de Salud, que abastece al programa de insumos. La fumigación se realiza cada semana en todas las áreas y lo hacen hombres entrenados y certificados por el Infotep en la aplicación de pesticidas. En la cárcel, además del que se compra afuera, también se usa el cloro que se elabora en el programa a través de dos máquinas donadas por la OMS en el 2003, a raíz del paso de la tormenta “Sandy”. El cloro se distribuye dos veces por semana por áreas a los encargados de limpieza. Cuando la crisis del cólera, todas las paredes fueron “pintadas” de cloro en un operativo lanzado para evitar el contagio de la enfermedad.
“Y pensamos abrir el abanico en la medida en que se vayan abriendo plazas. Vamos a integrar a una mayor cantidad de gente”, dice “Anthony”, “A la gente que trabaja aquí se le da un seguimiento periódico”, mientras un oficial está a cargo de la seguridad del área y se les dan vitaminas a los colaboradores. “El siguiente paso es que el proyecto tenga un impacto nacional, en todas las prisiones del sistema”, asegura Jiménez, que destaca el crecimiento del programa gracias al apoyo de las autoridades, hasta por el tema de su permanencia. “Antes no había estabilidad”, dice. Y lo más importante: “Tenemos en el grupo una tasa de retorno cero de reincidencia”.
“Nosotros no trabajamos sólo en higiene o medio ambiente, sino en forjar el carácter del ser humano, armonizar al individuo y darle las herramientas para que pueda subsistir sin necesidad de delinquir”, afirma “Anthony”. Con la enseñanza del reciclaje los internos se pueden ganar entre 300 y 400 pesos sin hacer una “diablura”.
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Pero mientras se ejercen cambios dramáticos, otras cosas siguen igual en La Victoria. Luis Guridi González, de 20 años, llegó con una orden de prisión preventiva por agresión y lleva un año y tres meses y “nunca ha bajado a la justicia”, como se dice aquí. Ya se sabe, es una historia que se repite hasta convertirse en un número concreto: las tres cuartas partes del penal son internos “preventivos”. Como Jael de Jesús Mercedes, de 24 años, que llegó por sólo 90 días, según el juez que le dictó la coerción, y ya lleva tres años y cinco meses, acusado de robo de automóviles. Hace dos años, inclusive, el querellante desestimó la acusación, dice, pero la fiscalía, inexplicablemente mantiene el proceso. De Jesús, que vive en el “Consulado”, sí ha sido llevado ante un juez: veinte veces, pero entre reenvíos y desestimaciones, nada ha valido para que lo condenen o lo liberen.
A Manuel de Jesús Marte. que fue a la justicia en estos días, pero su caso fue reenviado para el 5 de abril (muchos casos son reenviados porque el interno no llega a tiempo al tribunal). Acusado de acoso sexual a una menor de edad el 18 de mayo del 2015 y enviado a La Victoria por tres meses de coerción, lo que Marte espera es que se presente el certificado que sostiene su alegato, que se pase a juicio para ser condenado o liberado, y recomponer a la familia que perdió con la madre de la muchacha que según él lo ama y está dispuesta a seguirlo a través del perdón. “No entiendo. Pienso que nunca debió haber pasadoÖ”, dice Marte. “Hay cosas que no sucedieron, hay cosas que sí”.
A Augusto Luciano Familia, de 36 años, que era sargento mayor de la policía, lo acusaron de un crimen que supuestamente cometió el 24 de octubre del 2010 y está aquí justo desde dos días después de aquella fecha ingrata. A Luciano lo acusan de matar a una fiscal con la que tenía una relación. La condena fue por 20 años, de las cuales ya cumplió cinco y medio. El hecho se produjo en Invivienda: salió con su pareja cuando dos sujetos intentaron un atraco y se fue a los tiros con uno de ellos. El ex policía difiere de la acusación por la forma en que fue manejado el proceso. Sarita Valdez, el patólogo, dijo inclusive que el disparo que le dio a la víctima impactó primero en una superficie dura y luego le dio a ella. Otra patóloga dijo que nunca había participado en una investigación en la que estuvieron presentes tantas autoridades juntas que no tenían que ver con el caso.
Entre otras irregularidades, dice Luciano, desaparecieron un casquillo que no era de su pistola y no se tomó en cuenta el testimonio de una testigo que habló a su favor. Lo acusaron de asociación de malhechores, complicidad, porte ilegal de arma (cuando él es policía) y asesinato. “El caso fue entorpecido por el sistema”, dice Luciano, que hace un año y ocho meses espera un fallo del Tribunal Constitucional, al que elevó su causa. La policía le dio la espalda, agrega: desnaturalizaron el atraco, recogieron las evidencias, le encontraron al cadáver otro plomo (sustancia en la bala) y dijeron que sólo él estaba allí, cuando después detuvieron a los dos atracadores. Encima, una de las autoridades vinculadas al caso le dijo a la madre de la víctima: “No se preocupe, le vamos a buscar un culpable”.
A Miguel Alberto Minaya Gómez, en cambio, tres días antes de llegar a La Victoria, una mujer le dijo leyendo la borra del café que caería en el penal, pero no le contó lo duro que sería estar en un lugar donde tres palabras principales condensan el vocabulario de ocho mil personas: la primera es impronunciable, la segunda es “infierno” y la tercera es “Dios”, al que Minaya confió su vida mucho antes de que el día en que la mujer le predijo el futuro, y en otras ocasiones como cuando estuvo en la “Plancha” y violaron a un muchacho que llegó con él. A Minaya sólo le robaron 2,300 pesos que los agresores se fumaron en marihuana esa misma noche.
Minaya, de 44 años, lleva aquí desde el 2 de enero del 2009. Se fue bajo fianza el 16 de marzo del mismo año y volvió luego de que el juez Víctor Mejía Lebrón, ahora suspendido y bajo investigación por corrupción lo condenó por violación el 10 de mayo del 2010 a 15 años de prisión, de los cuales ya cumplió casi siete. Entre una cantidad inimaginable de pruebas a favor de Minaya, la principal es una copia del certificado médico que le practicaron a la querellante y que está fechado al 24 de noviembre del 2008, cuando según la denuncia, el hecho por el que se le condenó ocurrió el 8 de diciembre, dieciséis días después, y que el juez desechó inexplicablemente.
La justicia, dice, pasó por alto que sufrió un accidente que le partió la pelvis, menos de un mes de la supuesta violación, que compañeros de la “víctima” firmaron una carta a favor del acusado, que 50 cartas certificando su buena conducta engrosaron su defensa, y que el hecho se produjo en un lapso de media hora, luego de que el acusado, explica él, recorrió 5 kilómetros, secuestró a la muchacha y la durmió con algún somnífero, la llevó a su casa (donde había una fiesta y veinte testigos), la violó y luego la víctima escapó del residencial, atontada, sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera el vigilante del único acceso al lugar. A las 3:00 de la tarde.
“En un momento llegué a pensar que todo era una broma y que había una cámara escondida”, dice Minaya, que guarda cada fotocopiada en un expediente. En un primer encuentro con un tribunal, la jueza Isis Muñoz lo exoneró de culpa, y según el interno, asegurando que por casos como el suyo “no se creía en la justicia”. Pero el padre de la querellante, un mayor de la Policía ya fallecido (lo mataron de un balazo en el pecho en circunstancias poco claras hace cinco años), entonces jefe del destacamento de Las Caobas, insistió en la denuncia y se aseguró hasta el final de ver al acusado metido en La Victoria.
“Mi papá me enseñó que con la verdad se debe llegar hasta el final, incluso hasta la muerte”, dice Minaya, afuera veterinario y agente aduanal; adentro colaborador en el área de salud y de la Vocacional, a quien la propia fiscal del caso y una psicóloga le pidieron 50,000 pesos para “sacarlo” de él, cuenta, en una increíble cadena de corrupción que no paró en todo lo largo del proceso y que siguieron acumulándose a lo largo de los años. Poco después de la sentencia, un testigo asegura haber escuchado al padre de la querellante jactarse, borracho en un colmado, el precio que Minaya paga en prisión: “Yo le di seiscientos (mil pesos) al juez” para que lo condene.
NOTA DEL EDITOR
Los autores de este trabajo, el reportero Javier Valdivia y el reportero gráfico Jorge Cruz, ingresaron durante un mes a la Penitenciaría Nacional de La Victoria para conocer de cerca la situación que viven poco más de ocho mil internos, y los cambios que la administración del penal, pese a la resistencia de un sistema violento y corrupto, viene introduciendo en los últimos años.
Durante todo el mes de febrero, ambos periodistas del LISTÍN DIARIO, bajo la iniciativa del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la plena colaboración del director de Prisiones, Tomás Holguín; del alcaide de La Victoria, Gilberto Nolasco, del jefe de seguridad de la prisión, coronel Marino Carrasco, de su personal y de un grupo de internos, Valdivia y Cruz pudieron recoger de primera mano —y sin censura de las autoridades— testimonios, escenas y situaciones que han traducido en este reportaje de siete entregas.
Misiones como ésta se realizan una o dos veces por año, coordinados con la autoridad del penal. En la sala de informática habilitada para las consultas, la doctora Sharmine Disla, especialista en traumatología, dice que en tres horas de trabajo ha visto “mucha necesidad”. La mayoría llega por problemas tópicos debido seguramente al agua, respiratorios (con mayor incidencia en los internos dedicados a la ebanistería) y de riñones. Disla dice que los internos deberían ser llevados a un hospital una vez por semana, y que la mayoría requiere ser auscultado por un especialista. Por lo menos óagregaó debiera haber en el penal: un neumólogo, un cardiólogo, un urólogo, un traumatólogo, un nefrólogo y un endocrinólogo.
A Miguel Minaya, a quien atiende ahora, le da algo de Profired para los riñones (ha tenido sangrado hace unas semanas); Terbix para que se trate un hongo en el pie y antialérgicos para la sinusitis. “Complejo B y desparasitantes se lo estamos dando a todos”, afirma la voluntaria de la IBI.
El “colaborador” del área de salud, lista en mano, dice que del 1 de enero al 15 de noviembre del 2015 se hicieron 13,405 consultas en La Victoria: 1,500 atendidos por tuberculosis: baciloscopías (pruebas); entre 50 y 60 pacientes semanales en consultas psicológicas, un promedio de entre 60 y 70 pacientes atendidos cada semana. También se logró que vengan al penal 10 médicos y 5 enfermeras pasantes (de estas últimas hay tres fijas) y un Plan Médico Integral iniciado en agosto del 2014 consiguió lo que no se hacía hasta entonces: la elaboración y registro de récords médicos.
Además, se reorganizó el equipo de apoyo en el área de salud y ahora en cada área hay un interno encargado y se logró el mantenimiento de consultas con médicos especialistas (urólogo, dermatólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, neurólogo, psicólogo). “Sacar a tiempo a pacientes que deben ir a hospitales, antes era un caos; ahora se atiende 24/7”, dice Minaya, que destaca además la disponibilidad de una ambulancia, de más custodios, referimientos médicos que antes duraban hasta un mes y consultas fijas gratuitas todas las mañanas, igual que, si hay, la entrega de medicamentos.
Este mes, en el “área médica”, están en reclusión 54 portadores de TBC en tratamiento. También hay 18 enfermos mentales. Son 118 en total, incluyendo a heridos y portadores de VIH. En tiempos del cólera hubo más de cien enfermos en el patio y en los pasillos, donde se sentaban en cubetas para defecar; nada más tomaban agua (cuatro más morirán en marzo de este año por la misma enfermedad).
“Las condiciones que uno puede tener no son cien por ciento óptimas, pero se hace lo que se puede”, dice el doctor Francisco Zarzuela Nova, 55 años, médico general condenado a 8 años por mala práctica. El galeno ha cumplido dos y siete meses y desde que llegó colabora con el penal luego de que, conocido de un coronel, habló con la encargada y logró que le hicieran un lugar. “Hoy yo me he ganado el puesto”, dice el único doctor, con 25 años de experiencia afuera, que atiende en el área médica todos los días.
De hecho vive aquí; duerme en el mismo lugar que el “representante” del área. Su horario va de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y a veces más tarde. Zarzuela dice que la medicina general es la de mayor demanda y que la mayoría de asistencias tienen que ver con pacientes que hacen crisis asmáticas. Los heridos reciben atención inmediata y luego son transferidos a los hospitales.
Una de las situaciones más difíciles que le tocó al doctor fue el motín de octubre del año pasado, cuando hubo un muerto y varios heridos. Uno de ellos, el que finalmente murió, “tenía una bomba lacrimógena metida en un costado”. En otros casos, ha atendido luxaciones de hombros, heridas en el cuello (cortadas muy comunes) pero ningún muerto visto en todo su haber, salvo el que trajeron del “Patio”, asesinado; uno que tenía VIH, y a los que murieron (cuatro o cinco) fuera del penal, durante la crisis del cólera pese a toda la atención que pudo darles dentro. “He tratado de demostrar lo que yo sé, y respetar a los demás. No le he fallado a nadie”, asegura Zarzuela.
Grace Butter, administradora de empresas de profesión, trabaja en la fundación Génesis, que se ocupa sólo de VIH y TBC en La Victoria, “problemas con los que nadie quiere trabajar”. Están desde el 2001 en coordinación con la fundación Health Through Walls, fundada por John May en Florida, en 1983, y lograron que se instalara la unidad de salud.
“En La Victoria está todo el mundo mezcladoÖ Algunos llegan sanos y se van enfermos”, dice Butter. Lo organización aportó una hoja de registro que ahora usa el Ministerio de Salud con algunas variantes (hicieron un estudio con 100 internos, con ocho preguntas básicas). Génesis trabaja esencialmente en “gerencia de salud” y con 25 promotores de salud, 15 de los cuales reciben entrenamiento. La voluntaria asegura que la necesidad actual es el trabajo con los transexuales, uno de los tres grupos focales de mayor preocupación junto con los haitianos y la pobreza extrema. “A la cárcel se le da un privilegio que otros no tienen (con respecto a la analítica de casos)”, dice Butter, pero sólo porque el dentista aún se niega a intervenir si no se confirma el estado del paciente.
Génesis tiene 1,157 portadores “activos” de VIH; el grueso de los afectados son heterosexuales. El mes pasado se “testearon” a 57 internos y dos dieron positivo. Entre enero y julio del 2015 hubo 1,430 testeos: 33 dieron positivo. La experta, que advierte que hay mucha sífilis en el penal, dice que los hijos de los internos no deberían entrar por todas las enfermedades que hay, y que también debería prohibirse el ingreso de productos comestibles crudos.
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Hace seis años, en un día de aguacero, Roberto Antonio Jiménez le hizo notar al alcaide de entonces, Nicolás Fortunato, el gran charco que se formaba en un lugar, y la necesidad de solucionar el asunto, posiblemente provocado por la capacidad del desagüe. El asunto fue solucionado en una semana y llevó a Jiménez, de 45 años, condenado a 20 años por homicidio, de los cuales ya cumplió siete, a enfocarse en cómo mejorar la salud ambiental de los ocho mil internos de La Victoria.
“El problema básico es que quedaba basura en la calle (los pasillos de la cárcel). Al principio hubo rechazo hasta oficial”, recuerda ahora el ex profesor de literatura e inglés en la Vocacional; afuera llegó a ser dirigente del PLD, militante en Estados Unidos, que luego se incorporó al proyecto del presidente Danilo Medina, a quien una vez le entregó una propuesta energética para ser aplicado en el país.
“Yo estoy aquí buscando mi redención”, dice Jiménez, que hace mucho tuvo problemas con un coronel por su proyecto, cuando empezó a ser visto como un personaje incómodo que estaba amenazando los intereses de grupos dedicados al contrabando que lo hacían a través de los camiones de basura. “Cuando empezamos no fuimos bienvenidos, rompimos ese esquema de corrupción”, dice Jiménez. “En la basura se entraba todo”.
El programa de salud ambiental de La Victoria se basa en un informe que “Anthony”, como se le conoce en el penal, presentó a las autoridades. Se llama oficialmente Programa de Gestión Ambiental y Reciclaje Penitenciario (cada mes debe presentar un informe a Prisiones) y se institucionalizó el 15 de agosto del 2011, aunque Jiménez trabajaba en la idea desde el 2010, después de algunos meses asimilando el internamiento. En el programa, único en todo el país y de los pocos, si es que hay, en América Latina, participan 25 personas.
Oficialmente, más de cien personas están involucradas directamente en la limpieza del penal (a los diez recolectores de basura se les da un incentivo). En las celdas, la limpieza se hace cada día, dos y hasta tres veces, dependiendo de sus ocupantes. El sábado es día de limpieza general. Muchos pagan a otros internos entre 500 y 700 pesos para que hagan la limpieza (por litera pagan hasta 150 pesos), les llaman “síndicos”.
En la Penitenciaría Nacional de La Victoria se recogen 20 toneladas de basura al día en promedio. En días de visita aumenta un poco más (un tercio aproximadamente) y dependiendo de la fecha. En diciembre se produce más cantidad, hasta 30 toneladas, porque viene el doble de gente. “Este diciembre se rompieron todos los récords. Y cuando hay problemas, se quiebra la parte más débil de la cadena: se para la recolección de basura”, apunta Jiménez.
La gente de la iglesia barre los patios y el equipo de reciclaje la recoge. Cada camioncito se lleva 2 toneladas. Cada día salen 5. De los “Galpones” 4. En la tarde también. El equipo divide los plásticos según su denominación: galones plásticos No. 2, plástico duro No. 5, botellas PET No. 1, que son las que más se recogen, la de los refrescos.
El equipo sólo puede reciclar el 30% de la capacidad de lo que se podría reciclar. El tiempo para el trabajo es limitado; “si el camión (que es del Ayuntamiento) llega tarde nos afecta a todos”, afirma Jiménez.
La recolección se produce mañana y tarde. Hoy se recoge lo que no entró ayer en el contenedor. Afuera del penal está el “Transfer”, el lugar donde se reúnen los desperdicios para que se los lleve el camión y donde el programa piensa construir una nueva estación mucho más moderna.
La iniciativa fue ideada hace un año, en base a la necesidad de La Victoria. El “Transfer” actual es pequeño y cuando hay días pico no da abasto. El nuevo “Transfer” estará herméticamente sellado e incluye un incinerador para el desecho biomédico. Sólo en material el proyecto demanda una inversión de 300 mil pesos, y cuentan con el apoyo de las autoridades, además de la mano de obra gratuita de los propios internos; y se solucionarán algunos problemas del penal, como la presencia de basura en sus instalaciones.
El programa también trabaja con la Fundación Atabey en un proyecto de plantas medicinales, apoya a la comunidad de Ferregú, en coordinación con la Fundación de Desarrollo Comunal del Río Dajao (Fudecoda), en el mismo poblado replicando sus éxitos en algunos niveles en ese lugar (este mes un equipo salió de La Victoria para una jornada de fumigación en un hecho inédito además) y contempla levantar un vivero en los “Galpones” ya que hasta ahora solo hay uno, en el ala centro-norte de la Fortaleza.
Hay otro proyecto de cloración para mejorar la calidad de agua a través de una planta de tratamiento que funciona en teoría, pero que no ha sido probado (y en el que Prisiones y la Procuraduría invirtieron un buen dinero). El agua actualmente es tratada; llega de un pozo y del sistema de abastecimiento. La idea es que se pueda distribuir el agua mejor tratada a la población que tiene menos capacidad; para internos que no pueden pagar botellones y para la cocina y el comedor. La gran mayoría de la prisión bebe agua de la llave.
En el penal, el grupo de salud ambiental realiza labores de fumigación en coordinación con el Ministerio de Salud, que abastece al programa de insumos. La fumigación se realiza cada semana en todas las áreas y lo hacen hombres entrenados y certificados por el Infotep en la aplicación de pesticidas. En la cárcel, además del que se compra afuera, también se usa el cloro que se elabora en el programa a través de dos máquinas donadas por la OMS en el 2003, a raíz del paso de la tormenta “Sandy”. El cloro se distribuye dos veces por semana por áreas a los encargados de limpieza. Cuando la crisis del cólera, todas las paredes fueron “pintadas” de cloro en un operativo lanzado para evitar el contagio de la enfermedad.
“Y pensamos abrir el abanico en la medida en que se vayan abriendo plazas. Vamos a integrar a una mayor cantidad de gente”, dice “Anthony”, “A la gente que trabaja aquí se le da un seguimiento periódico”, mientras un oficial está a cargo de la seguridad del área y se les dan vitaminas a los colaboradores. “El siguiente paso es que el proyecto tenga un impacto nacional, en todas las prisiones del sistema”, asegura Jiménez, que destaca el crecimiento del programa gracias al apoyo de las autoridades, hasta por el tema de su permanencia. “Antes no había estabilidad”, dice. Y lo más importante: “Tenemos en el grupo una tasa de retorno cero de reincidencia”.
“Nosotros no trabajamos sólo en higiene o medio ambiente, sino en forjar el carácter del ser humano, armonizar al individuo y darle las herramientas para que pueda subsistir sin necesidad de delinquir”, afirma “Anthony”. Con la enseñanza del reciclaje los internos se pueden ganar entre 300 y 400 pesos sin hacer una “diablura”.
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Pero mientras se ejercen cambios dramáticos, otras cosas siguen igual en La Victoria. Luis Guridi González, de 20 años, llegó con una orden de prisión preventiva por agresión y lleva un año y tres meses y “nunca ha bajado a la justicia”, como se dice aquí. Ya se sabe, es una historia que se repite hasta convertirse en un número concreto: las tres cuartas partes del penal son internos “preventivos”. Como Jael de Jesús Mercedes, de 24 años, que llegó por sólo 90 días, según el juez que le dictó la coerción, y ya lleva tres años y cinco meses, acusado de robo de automóviles. Hace dos años, inclusive, el querellante desestimó la acusación, dice, pero la fiscalía, inexplicablemente mantiene el proceso. De Jesús, que vive en el “Consulado”, sí ha sido llevado ante un juez: veinte veces, pero entre reenvíos y desestimaciones, nada ha valido para que lo condenen o lo liberen.
A Manuel de Jesús Marte. que fue a la justicia en estos días, pero su caso fue reenviado para el 5 de abril (muchos casos son reenviados porque el interno no llega a tiempo al tribunal). Acusado de acoso sexual a una menor de edad el 18 de mayo del 2015 y enviado a La Victoria por tres meses de coerción, lo que Marte espera es que se presente el certificado que sostiene su alegato, que se pase a juicio para ser condenado o liberado, y recomponer a la familia que perdió con la madre de la muchacha que según él lo ama y está dispuesta a seguirlo a través del perdón. “No entiendo. Pienso que nunca debió haber pasadoÖ”, dice Marte. “Hay cosas que no sucedieron, hay cosas que sí”.
A Augusto Luciano Familia, de 36 años, que era sargento mayor de la policía, lo acusaron de un crimen que supuestamente cometió el 24 de octubre del 2010 y está aquí justo desde dos días después de aquella fecha ingrata. A Luciano lo acusan de matar a una fiscal con la que tenía una relación. La condena fue por 20 años, de las cuales ya cumplió cinco y medio. El hecho se produjo en Invivienda: salió con su pareja cuando dos sujetos intentaron un atraco y se fue a los tiros con uno de ellos. El ex policía difiere de la acusación por la forma en que fue manejado el proceso. Sarita Valdez, el patólogo, dijo inclusive que el disparo que le dio a la víctima impactó primero en una superficie dura y luego le dio a ella. Otra patóloga dijo que nunca había participado en una investigación en la que estuvieron presentes tantas autoridades juntas que no tenían que ver con el caso.
Entre otras irregularidades, dice Luciano, desaparecieron un casquillo que no era de su pistola y no se tomó en cuenta el testimonio de una testigo que habló a su favor. Lo acusaron de asociación de malhechores, complicidad, porte ilegal de arma (cuando él es policía) y asesinato. “El caso fue entorpecido por el sistema”, dice Luciano, que hace un año y ocho meses espera un fallo del Tribunal Constitucional, al que elevó su causa. La policía le dio la espalda, agrega: desnaturalizaron el atraco, recogieron las evidencias, le encontraron al cadáver otro plomo (sustancia en la bala) y dijeron que sólo él estaba allí, cuando después detuvieron a los dos atracadores. Encima, una de las autoridades vinculadas al caso le dijo a la madre de la víctima: “No se preocupe, le vamos a buscar un culpable”.
A Miguel Alberto Minaya Gómez, en cambio, tres días antes de llegar a La Victoria, una mujer le dijo leyendo la borra del café que caería en el penal, pero no le contó lo duro que sería estar en un lugar donde tres palabras principales condensan el vocabulario de ocho mil personas: la primera es impronunciable, la segunda es “infierno” y la tercera es “Dios”, al que Minaya confió su vida mucho antes de que el día en que la mujer le predijo el futuro, y en otras ocasiones como cuando estuvo en la “Plancha” y violaron a un muchacho que llegó con él. A Minaya sólo le robaron 2,300 pesos que los agresores se fumaron en marihuana esa misma noche.
Minaya, de 44 años, lleva aquí desde el 2 de enero del 2009. Se fue bajo fianza el 16 de marzo del mismo año y volvió luego de que el juez Víctor Mejía Lebrón, ahora suspendido y bajo investigación por corrupción lo condenó por violación el 10 de mayo del 2010 a 15 años de prisión, de los cuales ya cumplió casi siete. Entre una cantidad inimaginable de pruebas a favor de Minaya, la principal es una copia del certificado médico que le practicaron a la querellante y que está fechado al 24 de noviembre del 2008, cuando según la denuncia, el hecho por el que se le condenó ocurrió el 8 de diciembre, dieciséis días después, y que el juez desechó inexplicablemente.
La justicia, dice, pasó por alto que sufrió un accidente que le partió la pelvis, menos de un mes de la supuesta violación, que compañeros de la “víctima” firmaron una carta a favor del acusado, que 50 cartas certificando su buena conducta engrosaron su defensa, y que el hecho se produjo en un lapso de media hora, luego de que el acusado, explica él, recorrió 5 kilómetros, secuestró a la muchacha y la durmió con algún somnífero, la llevó a su casa (donde había una fiesta y veinte testigos), la violó y luego la víctima escapó del residencial, atontada, sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera el vigilante del único acceso al lugar. A las 3:00 de la tarde.
“En un momento llegué a pensar que todo era una broma y que había una cámara escondida”, dice Minaya, que guarda cada fotocopiada en un expediente. En un primer encuentro con un tribunal, la jueza Isis Muñoz lo exoneró de culpa, y según el interno, asegurando que por casos como el suyo “no se creía en la justicia”. Pero el padre de la querellante, un mayor de la Policía ya fallecido (lo mataron de un balazo en el pecho en circunstancias poco claras hace cinco años), entonces jefe del destacamento de Las Caobas, insistió en la denuncia y se aseguró hasta el final de ver al acusado metido en La Victoria.
“Mi papá me enseñó que con la verdad se debe llegar hasta el final, incluso hasta la muerte”, dice Minaya, afuera veterinario y agente aduanal; adentro colaborador en el área de salud y de la Vocacional, a quien la propia fiscal del caso y una psicóloga le pidieron 50,000 pesos para “sacarlo” de él, cuenta, en una increíble cadena de corrupción que no paró en todo lo largo del proceso y que siguieron acumulándose a lo largo de los años. Poco después de la sentencia, un testigo asegura haber escuchado al padre de la querellante jactarse, borracho en un colmado, el precio que Minaya paga en prisión: “Yo le di seiscientos (mil pesos) al juez” para que lo condene.
NOTA DEL EDITOR
Los autores de este trabajo, el reportero Javier Valdivia y el reportero gráfico Jorge Cruz, ingresaron durante un mes a la Penitenciaría Nacional de La Victoria para conocer de cerca la situación que viven poco más de ocho mil internos, y los cambios que la administración del penal, pese a la resistencia de un sistema violento y corrupto, viene introduciendo en los últimos años.
Durante todo el mes de febrero, ambos periodistas del LISTÍN DIARIO, bajo la iniciativa del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la plena colaboración del director de Prisiones, Tomás Holguín; del alcaide de La Victoria, Gilberto Nolasco, del jefe de seguridad de la prisión, coronel Marino Carrasco, de su personal y de un grupo de internos, Valdivia y Cruz pudieron recoger de primera mano —y sin censura de las autoridades— testimonios, escenas y situaciones que han traducido en este reportaje de siete entregas.
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